La LAECAP y los estándares abiertos
El problema suele ser en estos casos del pensamiento o estas conmigo o, de otra manera, estas contra mí. Y como funcionarios públicos nunca podemos estar en ese debate. Debemos luchar y conseguir que las Administraciones Públicas soporten todos los formatos posibles y por supuesto los más extendidos en la sociedad. La solución es sumar, no restar. Es decir, no es aceptable discriminar a un ciudadano por utilizar determinado formato, sobre todo cuando es un estándar reconocido. Lo que no tiene sentido es obligar a la Administración a que soporte cualquier formato. No es posible. Por tanto, el debate no debe ser exigir que la Administración no soporte los formatos de Microsoft. Debería ser que la Administracion soporte tanto esos formatos como cualquier otro que pueda utilizar la ciudadanía de manera generalizada, y por supuesto, todos los estándares abiertos reconocidos por entidades de prestigio.
Otro tema es que la Administración deba utilizar formatos abiertos en sus documentos cuando estos se publican en Internet. Hay puedo estar más a favor de los mismos, siempre que dichos documentos escritos en formatos abiertos puedan ser abiertamente consultados por la ciudadania, y hoy po hoy, eso parece fácil. Pero, para aclarar posibles dudas, la lista de estándares que debería utilizar las Administraciones Públicas debería ser consensuada y publicada al menos anualmente. Y entre esos formatos no me parecía mal que estuvieran los más utilizados por la ciudadanía, aunque fueran propietarios, siempre que se garantice que se públiquen en varios distintos para que todo el mundo pueda acceder a ellos.
En cualquier caso el tema del software libre y los estándares abiertos en la Administración Pública hace mucho tiempo que no es posible discutirlo abiertemente en la red, porque los argumentos suelen ser que los funcionarios que no renuncian a poder utilizar algún tipo de software propietario o, son unos corruptos o no tienen ni idea. Y habitualmente se recurre al insulto si no se está cien por cien de acuerdo con los planteamientos que algunos quieren imponer. Y es una pena, porque el software libre y los estándares abiertos generan riqueza, crean conocimiento y sobre todo se han creado mediante la cooperación y el esfuerzo de muchos. Y es triste que para defenderlos se recurra sistemáticamente a la descalificación. Pero mi punto de vista es, que aparte del software libre que es magnífico y como han demostrado personas de reconocido prestigio como Castells es sumamente útil a la sociedad, también hay que respetar tanto el trabajo de las empresas privadas que tienen software propietario como Microsoft como paradigma o Apple, como el de los funcionarios que trabajan en las TIC en las Administraciones Públicas, que tienen que conseguir que sus organizaciones funcionen y que tienen que obtener con un presupuesto limitado la mejor opción. Y muchas veces quizás para la mayoría de las cosas la solución es el software libre, pero en muchas ocasiones no lo es. Y el trabajo se vuelve mucho más difícil con la injerencia política (diputados y senadores que en muchos casos no saben de que están hablando y que cambian como veletas según la legislatura y las consignas que se les comuniquen en ese momento; y políticos aficionados metidos a tecnologos que sólo quieren aparecer en los medios de comuncación) y con la presión de grupos que entienden la defensa de los intereses como si fueran los colores de un equipo de futbol. Y esto no quiere decir que todos los políticos sean unos ignorantes, no es cierto, ni que todas las asociaciones sean así, por ejemplo, Hispalinux ha demostrado a lo largo de los años tener criterio y saber argumentar.
Y finalmente hay temas más importantes en la Ley, como la oportunidad de la misma y si realmente es realista lo que plantea. ¿No sería quizás mejor hacer las cosas y luego legislar, que hacerlo alrevés?
El pasado 16 de marzo el Ministerio de Administraciones Públicas publicó la convocatoria en el BOE de 1447 plazas de auxiliar administrativo (entre otras). En la convocatoria podemos leer que se piden conocimientos de Word, Excel, Access y entorno Windows. La prueba práctica será sobre Word 2000.
Puedes verlo en http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11329-11370.pdf
Al margen de esto, que puede entrar incluso dentro de lo “normal” dentro de un mercado tan cautivo como el de los sumninistros a través del catálogo de bienes (aunque creo que ese mercado podría ser mucho más libre, sin duda) cuando se habla de que las AAPP no pueden ni deben usar estándares que no sea abiertos no solo se habla de formatos documentales. Quizá ese hoy dia sea el menor de los problemas dado que ODF se puede usar con software libre y también con software propietario.
Pero prefiero explicarlo con otro caso menos manido:
Existen otros formatos, usos, protocolos o interfaces que pueden llegar a ser un verdadero handicap e incluso, cuando hablamos de derechos de los ciudadanos, de autenticos imperativos legales.
Por ejemplo, en España todos los juicios orales son grabados en video digital (sobre DVD-R que pagan canon a la SGAE, pero el hecho de que el Estado haga una ley para que él mismo pague un impuesto a una entidad privada es otro debate) ¿que formato se utiliza? ¿es un estándar internacionalmente aceptado? ¿un ISO? ¿es un estándar abierto? ¿no? ¿Que ocurriría si sobre ese formato aparece una patente y la empresa decide no licenciar su uso a nadie?¿se convierte entonces esa empresa en un monopolio de suministro del Estado? ¿y si decide no contratar con el Estado?¿pierdo mi derecho a la defensa?¿y en el caso de que tenga que aportar pruebas grabadas en video también?¿podría usar un estándare no abierto?¿estaría las AAPP obligada a recibirlo?¿y tener sistemas que procesen cada formato?
El hecho de extender la obligación de aceptar estándares no abiertos con el único condicionante de “ser de uso generalizado por parte de los ciudadanos” o “internacionalmente reconocido” es muy peligroso dado que esto puede devenir en ENORMES costes añadidos para la Administración Pública (principio de economía) puesto que pudiera tener que pagar patentes o royalties de formatos que son propiedad de una empresa o particular por causa de que algunos ciudadanos intentasen usar ese formato para comunicarse con las AAPP (principio de eficacia).
Un reciente caso que puede ilustrar este hecho:
Microsoft viola la patente MP3 (ISO/IEC 11172-3): deberá pagar 1.500 millones de dólares (http://es.theinquirer.net/2007/02/23/microsoft_viola_la_patente_mp3.html)
Nadie puede negar que MP3 es un formato “de uso generalizado por parte de los ciudadanos” y un “estándar internacionalmente reconocido” y que las AAPP estarían obligadas a admitirlo a tenor de esta redacción, sin embargo, la sentencia obligará a esa empresa (Microsoft) a repercutir los costes en sus clientes pero lo más grave es que la empresa que tiene la patente podría impedir que la usara cualquiera otra (las patentes no son de obligado licenciamiento) quedandose como suministrador en monopolio (principio de eficiencia). Incluso habrá empresas que por esta misma patente (la de MP3) lleguen a desaparecer ya que no podrán hacer frente a la demanda (principio de eficiencia).
Las AAPP podrían entrar en una dinamica de este estilo (demandas por patentes o royalties) si se autoobligan a aceptar algo que no sea un estándar abierto (si consultais la definición vereis que solo se considera estándar abierto a aquel que este libre de patentes y regalias).
Pero lo mismo podría pasar a la inversa si las AAPP emtiesen locuciones para invidentes de los documentos o procedimientos.
En definitiva: Se trata de establecer las garantias para que cualquier ciudadano pueda ejercer sus derechos usando las TIC y que el Estado cumpla con los pricipios de economía, eficacia y eficiencia.
Es esto, como funcionario público, estarás de acuerdo con este humilde ciudadano ¿no?
En todo caso estaré encantado de recibir tus aportaciones y mejoras a http://www.hispalinux.es/node/616
yo siempre he creido que el concurso de los funcionarios en este asunto es fundamental y quizá otros funcionarios, en puestos de responsabilidad ahora mismo, no lo han sabido valorar en su justa medida
Roberto Santos
Roberto, los casos que comentas son hipotéticos y en todo caso extremos (me refiero lo de posibilidad de que los juicios grabados no pudieran utilizarse sin pagar patentes). En cualquier caso estoy de acuerdo contigo en que hay que velar para que las Administraciones Públicas no cometan errores que puedan ser costosos para el erario público. Pero son temas diferentes:
- puedo estar de acuerdo contigo en que es mejor que los documentos que se preserven estén en estándares abiertos, por ejemplo el caso de los juicios grabados o las facturas que se almacenenen legalmente.
- ya no tanto en que sean esos estándares los únicos que soporte la administración. Si por h o por b la gran mayoría de los ciudadanos utilizan word, la Administración hará estupendamente en aceptar que los ciudadanos puedan enviar sus documentos en word. Se trata de facilitar, no de obligar.
- y finalmente si en una oposición se pide conocimientos de Word no me parece mal, si es el más utilizado del mercado. Si sería sorprendente pedir un procesador de textos absolutamente desconocido. Y además no entiendo que daño hace a nadie saber Word. Estarás conmigo que hoy por hoy es mucho más común que Open Office. Sin embargo, si estoy contigo en que las Administraciones Públicas, sobre todo el MAP, debería ser más cuidadosas en este punto. Pero hoy por hoy, lo queramos o no, Word es el procesador de textos más conocido y utilizado.
Finalmente, creo que el problema es la demagogia y la politización. Y sobre todo el poder discutir de manera cordial sobre estos temas.
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Rafa, lo de que el caso es hipotético…ya le gustaría a Microsoft
El tema del MP3 va a dar mucho que hablar y mucho que rascar a muchas empresas -las que sobrevivan-
En el caso de los video digitales, como sabes, MPEG tiene varias causas pendientes por motivos de patentes y, como sabes también, las oficinas americanas de patentes te pueden perseguir si operas en EEUU y en los paises con convenios con ellos (que son muchisimos). No es nada hipotética la posibilidad de que una empresa se pueda convertir en un suministrador monopólico con un golpe de mano de patentes sobre formatos.
Por otro lado la cuestión es que esta ley está estableciendo derechos a los ciudadanos -no “valor añadido” mediante las TIC para hacerle la vida más cómoda a los ciudadanos- y, por tanto, debe garantizar que se cumplen efectivamente y eso supone una serie de obligaciones para las Admisitraciones Públicas.
Esto es; si la ley establece el acceso universal de los ciudadanos por medios electrónicos a las Administraciones Públicas tiene poner las condiciones para garantizar que NINGUN ciudadano quede excluido por no ser cliente de una determinada empresa (la que sea).
Esa es la cuestión crucial de este asunto y eso solo se puede hacer de dos formas:
La primera es ofrecer la misma información y servicios en TODOS los formatos, protocolos e interfaces que existen (y han existido). Esto obviamente es imposible porque se viola el principio de eficiencia (minimos recursos para conseguir el fin deseado)a la que el Estado está obligado.
La segunda, en base al pricipio de eficacia (conseguir los fines efectivamente, o sea, cualquier ciudadano debe poder acceder sin otras consideraciones adicionales) es que siempre se usen, al menos, Estándares Abiertos (o sea, aquellos que tengan especificaciones públicas y gratuitas o a precio de coste de distribución, exento de pago de royalties, patentes o contrato de exclusión por su uso, con una implementación de referencia que se pueda usar con cualquier propósito, copiar, modificar y redistribuir con o sin cambios) -vease que esto no excluye ninguna tecnología, empresa o modelo de negocio -cualquiera puede implementarlo, con la tecnología que prefiera, en la plataforma que desee y licenciarlo como quiera-.
En palabras llanas; que sean “Públicos” en el sentido castellano del término (de todos).
La cuestión es que ese “al menos” es lo que es susceptible de ser interpretado y para unos significa que es obligatorio usar esos y solo esos (en virtud del principio de economía) ypara otros que además de esos se puede utilizar “aquellos ampliamente extendidos entre los ciudadanos”.
Pero lo que no cambia es que La información y servicios públicos se deben dar siempre en estándares públicos para que no haya posibilidad de discriminación.
Mi opinión personal es que la opción buena, en el momento en que nos encontramos y tal como está el mercado, es la segunda pero deberían establecerse politicas activas para que en un futuro no demasiado lejano esos formatos “ampliamente extendidos entre la ciudadanía” sean precisamente los “estándares abiertos” porque eso significaría que tendriamos un mercado más libre, más competitivo y más innovador y eso sería bueno para todos y también para las arcas del Estado -que son las nuestras- y para la satisfacción de los ciudadanos, que somos todos también
Roberto Santos
P.D. Yo creo que si se puede debatir en red de las razones por las que los funcionarios, por la situación especial de estar usando el erario público y los principios expuestos, deberían usar software libre y estándares abiertos. De hecho, es lo que estamos haciendo y aún no nos hemos tirado nada a la cabeza
Otra cosa es que sepamos identificar porque no se está produciendo y tratar de solucionarlo. Creo que es una responsabilidad de todos conseguirlo y que es posible (si no, no estaría escribiendo este comentario), pero a veces los ciudadanos no sentimos ese empuje y entusiasmo por el otro lado. Y lo entiendo, no me extraña que esteis artos de que se os vilipendie pero también hay veces que se toman decisiones que son completamente inexplicables para los que no conocemos las servidumbres y pleitesias de la profesión. (por ejemplo, una campaña sufragada con dinero público promocionando el “software legal” donde no se incluye el “software libre” (tan legal y mucho más barato) -no me digas que no es para flipar-)
Roberto, lo que estoy de acuerdo contigo es que sería muy útil que los formatos abiertos fueran los más utilizados por la ciudanía, porque así todos salimos ganando. Pero eso no se consigue con una Ley, se consigue mediante formación y convenciendo a la gente de la utilidad de los estándares. Y por supuesto la interoperabilidad de las Administraciones Públicas sólo se puede conseguir mediante la utilización de estándares y un acuerdo previo. Lo de la campaña promoviendo el software legal no la he seguido y no se muy bien en que consistía, pero es lógico que el estado apoye a la industria TIC. Como comentamos es una cuestión de escasez de presupuesto, y si determinadas asociaciones proponen una actuación que puede parecer justa las Administraciones la pueden apoyar. En cualquier caso habría que ver como se financió dicha campaña: si fue sólo el logo de un Ministerio, subvención, presupuestos generales del estado, etc. Muchas veces no todo lo que tiene el logo de un Ministerio quiere decir que el estado haya puesto dinero en eso, simplemente que apoya la acción. Y quizás muchas veces no se hacen canmpañas similares, por ejemplo, apoyando el software libre, porque no se ha propuesto en el sitio adecuado o en el momento adecuado.
Rafa, la ley no es para que los ciudadanos usen estándares abiertos. Cada ciudadano puede usar lo que le plazca.
La ley es para GARANTIZAR que cualquier ciudadano se puede relacionar electronicamente con las Administraciones Públicas y no puede ser discriminado por no ser cliente de una _determindada_ empresa (esta cual sea) POR ESO debe autoimponerse usar, al menos, ESTANDARES ABIERTOS (y como valor añadido puede publicar la misma información o ofrecer el mismo servicio en otros formatos, protoolos o interfaces que no sean abiertos).
Por otro lado la ley NO DEBE PERMITIR que los ciudadanos o las empresas coadyuguen la elección tecnológica de las Administraciones Públicas en función de sus propios principios (eficacia, eficiencia y economía) y es por eso que no puede admitir -por derecho- los que no sea ESTANDARES ABIERTOS. Otra cosa es que admita algunos, como valor añadido. Pero NUNCA reconociendo el derecho de los ciudadanos a usar estándares no abiertos para relacionarse con las AAPP.
Aplicando también el principio de transparencia y el derecho de los ciudadanos al disfrute de los bienes públicos es por lo que es imprescindible que todo el software del que el Estado es derechohabiente quede a disposición de los ciudadanos para que pueda ser usado en cualquier propósito, copiado, modificado y redistribuido con o sin modificaciones siempre que las obras derivadas se publiquen en las mismas condiciones (como bien público protegido que es)
¿no estas de acuerdo?
Roberto Santos
Disculpad si me entrometo pero me gustaría hacer una observación: creo que se trata de facilitar las cosas al común de los mortales sin que ello suponga, por otro lado, menoscabar los principios de economía y eficiencia de la Administración. Por este lado, debería contemplarse cubrir las necesidades de la gran mayoría (y no trato con esto de defender ningún tipo de formato, pero sí tenemos que ser realistas)
Por otro lado esta ley (como todas las demás) se puede ir modificando conforme vaya siendo necesario, por lo tanto se trata de ver en qué dirección se va moviendo la sociedad y seguir adaptandose a ella.
Creo que desde la Administración se deben alentar iniciativas que sean buenas para todos, sobre todo en la medida en que la sociedad se hace eco de ellas mediante su utilización.
Antes de correr hay que aprender a andar, y esta ley es el primer paso. Tampoco podemos pretender que nada mas nacer vaya a solucionar absolutamente todos los problemas, cuando en los ámbitos mas “pedestres” y manidos no están solucionados… me refiero a ejemplos como el hecho de pagar unas tasas en una universidad: resulta que tienes que pagar en determinados bancos que te indican ellos, y no en cualquier banco, por poner un ejemplo.
Lo que quiero decir es que hace falta inteligencia y buena voluntad por parte de todos para poder avanzar en esta línea. Es un tema muy complejo, pero con estas dos premisas creo que iríamos por el buen camino.
Saludos
Lo siento Roberto pero no estoy de acuerdo, o al menos no totalmente. Yo llevo trabajando en la Administración Pública muchos años y la mayoría de ellos en informática y nuestra preocupación es hacerle la vida más fácil al ciudadano. Por ello, debemos intentar, siempre dentro de lo posible, que el ciudadano se pueda comunicar con los poderes públicos de la manera más fácil para él, sea con estándares abiertos o sin ellos. Por supuesto que lo ideal sería que todo fueran estándares, aparte de por coherencia, para facilitar la interoperabilidad y sobre todo el coste de múltiples formatos. Pero como no es así, hay que se posibilista, y como comenta el otro participante hay que avanzar paso a paso. NO creo que imponiendo nada por ley se consiga nada, la tecnología y sus usos no se pueden imponer a los ciudadanos, estos deciden que quieren utilizar o que no.
Y en el caso de que todo el software generado por la administración debe ser difundido gratuitamente a cualquier, nuevamente estoy de acuerdo contigo pero no totalmente. En principio debe ser así para casi todo y sobre todo para no volver a hacer todo muchas veces, pero en algunos casos no debe ser así, por ejemplo para permitir que desarrollos públicos hechos por terceros que suponen I+D puedan servir para crear empresas tecnológicas o productos o servicios nuevos. El gobierno de Estados Unidos lo ha hecho así desde siempre, y con contratos públicos ha permitido que terceras empresas patenten desarrollos que han servido para dos cosas: mejorar productos o servicios, pero también para crear empresas, algunas tan importantes como HP. Por supuesto, que el caso contrario también es cierto, el compartir software entre todos también ayuda a la innovación. Pero hay que estudiar cada caso. Por eso no soy muy partidario de leyes que imponen cosas de difícil comprobación y sobre todo que no permiten matices. El tema es apasionante y no se debería frivolizar.
En cualquier caso, para matizar igualmente mi postura, estoy mucho más a favor de los planteamientos de Hispalinux por lo que suponen de compartir, colaborar, crear entre todos, etc. Pero igualmente creo que hace falta ir paso a paso, ser flexibles, respetar igualmente el software propietario y su posible utilización en muchos casos por las Administraciones Públicas y la posibilidad de patentar desarrollos creados por la Administración. Se trata de crear riqueza y una sociedad mejor y más justa, y por tanto no hay vías únicas, hay muchas maneras de conseguirlo.
Se te ve convencido, Roberto, aunque un poco extremista. Te vendría bien (y seguro que a nosotros también) trabajar algunos años en la administración, intentando aplicar esos radicales principios (desde luego como funcionario).
Mi opinión, espero que breve después de este kilométrico post, es que se avanza mucho mas con pequeños pasos que con grandes saltos… y que todo tiene muchos y sutiles matices, que ninguna ley puede garantizar nada (aunque lo diga: el papel lo aguanta todo) y que es el día a día y las personas que hay detrás las que hacen que el tinglado funcione. Las leyes, como los servidores o las redes, son sólo instrumentos, por supuesto imperfectos, pero no podemos poner las excusa de esperar a que sean perfectas antes de empezar a usarlas.
Rio, yo solo digo que si Jordi Sevilla dice que quiere garantizar el acceso electrónico universal de los ciudadanos a las AAPP tiene que poner las condiciones de acceso de tal forma que ninguna te pueda exijir una tecnología propiedad exclusiva de una empresa, sino una tecnología pública que cualquier empresa pueda usar. Yo creo que eso no es ser extremista pero me asusta que a alguién que trabaja en ello se lo psarezca
Para extremistas los del Ministerio de Administraciones públicas y si no mira todo lo que dicen que los funcionarios teneis que hacer http://www.csi.map.es/csi/pg3315.htm
No entiendo qué de extremismo tiene el garantizar por ley que no se discrimine a ningún ciudadano por el hecho de no ser cliente de una empresa determinada. ¡Si eso es un derecho constitucional que ni siquiera debería estar abierto a debate!
Hasta la fecha, la única garantía legal de que se respeten ese derecho constitucional de los ciudadanos es que se usen estándares abiertos. El término “estándar abierto” no es un término técnico, es un término legal: aquel “estándar” de carácter “público” (véase el sistema métrico) y no exclusivo de nadie.
Por otro lado, si además de usar un formato o protocolo abierto, cualquier Administración quiere utilizar alguno cerrado por estar muy difudido: perfecto, sin problemas, que lo haga. Pero lo que no puede hacer una administración es excluir a una parte de sus administrados en base a si son o no clientes de una empresa debido a lo supuestamente mucho o poco extendido que esté el uso de los formatos o protocolos de dicha empresa.
Y desgraciadamente eso es lo que hoy está pasando por ejemplo con las restransmisiones de vídeo del Senado y Congreso españoles: innecesariamente se está excluyendo a todos los ciudadanos que nos sean clientes de Microsoft en su derecho a acceder a esas retransmisiones. Eso no es admisible porque existen muchos formatos de vídeo que son abiertos y que no discriminan y se están usando justo los que discriminan. Es innecesario usar formatos excluyentes como se está haciendo (WMV).
En resumen, la esta ley debe *YA*:
1) obligar a usar estándares abiertos como mínimo.
2) permitir *adicionalmente* usar otros formatos y protocolos cuando se justifique suficientemente su servicio a la ciudadanía.
En caso contrario la ley sería injusta y discriminatoria, y preservaría la práctica perniciosa actual de “el Estado sólo para clientes de la empresa X y el resto son ciudadanos de segunda sin derechos”.
Y esa discriminación se debe cortar de raíz, no pasito a pasito. ¿Tenemos todos los mismos derechos como dice el artículo 14 de la Constitución o no? ¿Cuántos años más hemos de esperar para que nuestro estado no nos excluya?
Saludos,
Alberto Barrionuevo (FFII.org)
Absolutamente de acuerdo en los términos que lo planteas: la ley debería obligar a utilizar estándares abiertos y permitir adicionalmente utilizar otros formatos cuando sean útiles a la ciudadanía.
Además, yo añadiría que las Administraciones Públicas,que es el punto que defiendo, deberían facilitar la vida al ciudadano y admitir todos los formatos que puedan dentro de una relación coste/oportunidad adecuada.
Estamos de acuerdo. El extremismo no lo veo en lo que planteas, que lo veo muy razonable, sino en el punto de vista de otros sobre este tema que es: si no estás de acuerdo 100 % conmigo es, si eres un funcionario público, porque eres un corrupto o un ignorante.
Estimado Rafael, yo no puedo estar de acuerdo con lo que comentas en tu artículo. Después de analizar toda la documentación que he encontrado al respecto, la conclusión es clara, la única forma de lograr “neutralidad tecnológica” es mediante la utilización de “estándares abiertos”, al menos, eso es lo que dice la Unión Europea y la página Web del MAP, con todos los enlaces a documentación.
Por el momento, nadie ha sido capaz de darme razones de peso y bien documentadas que me hagan cambiar de opinión.
El análisis, como ya lo sabes lo tengo en mi blog:
http://fernando-acero.livejournal.com/35272.html
Ante todo, gracias por tus comentarios y decirte que te he replicado en mi misma página.
Un saludo, Fernando Acero
Estoy totalmente en contra de lo que has comentado, sobre todo poner ejemplos que no tienen sentido como la tarjeta de crédito.
Acaso existe una forma de pago estándar regulada por alguna comisión internacional, algún tipo de tarjeta de crédito estándar… la respuesta es NO, cosa que en el software si existe, y si existe hay que usarlo para beneficiar a los ciudadanos.
El mundo de las tarjetas de crédito está absolutamente normalizado, como el de los bancos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo capitalista, nos guste o no, y por eso, existen varios tipos. De hecho, las transacciones de las tarjetas de crédito no dejan de ser informáticas (software en concreto).