Los concursos públicos en la Administración
Aunque no puedo hablar sobre la forma de trabajar en el Congreso, puesto que no forma parte de la Administración General del Estado, y su relación con el resto de la Administración, al menos administrativa es a través del Ministerio de Presidencia, si puedo intentar arrojar luz sobre como se contratan los bienes y servicios informáticos en la Administración.
En primer lugar aclarar que hay poco discrecionalidad. Sin concurso público sólo es posible contratar hasta 12.000 €, lo que se conoce como contrato menor, y es necesario por supuesto justificar que se va hacer, en que plazo y con quién. Y no es posible volver a contratar a la misma empresa con el mismo fin o fraccionar contratos, que sería lo que se conoce como fraccionamiento del gasto.
Si es posible en cambio contratar suministros, por ejemplo ordenadores, u horas de desarrollo en temas relacionados con la Administración Electrónica, a través del conocido popularmente como Catálogo de Suministros, gestionado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Este Ministerio cada cierto tiempo pública concursos de tipos donde se presentar ofertas que homologan bienes o servicios y posteriormente las Administraciones Públicas pueden recurrir a él para contratar bienes o servicios, hasta un límite, que creo recordar era de un millón de euros. A pesar de la facilidad de contratación es necesario por supuesto justificar exhaustivamente que se va a hacer y firmar una memoria conjunta por parte de la empresa adjudicataria y el responsable del proyecto por parte de la Administración. Además, en muchos ministerios se piden oferta a tres empresas distintas y se analizan detenidamente antes de su adjudicación. Además, obviamente debe pedirse el informe del interventor, abogado del estado y dependiendo del importe de los organos colegiados de la Administración, por ejemplo de las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica de los Ministerios. Es decir, un expediente antes de adjudicarse puede haber sido leído y releído en varios comités, mejorado y normalmente, en el caso de los expedientes de tecnología se suele contratar por un precio bastante favorable a la Administración.
En el caso de presupuestos muy altos, o de proveedor único se opta por otro tipo de formas de contratación como los negociados o los concursos, que suelen ser mucho más rigurosos y en el caso concreto de los concursos públicos suelen tardar unos cinco meses en adjudicarse. Aquí los controles son mucho más exhaustivos y se comprueba por parte de varios departamentos que la empresa adjudicataria es solvente, que la oferta es adecuada y que el precio es razonable.
No quiero extederme mucho más porque no quiero resultar tedioso pero de lo que sí estoy seguro es que la gran mayoría de las adjudicaciones realizadas por la Administración General del Estado en tecnologías son correctas, adecuadas y obtenidas a un precio razonable. Esto no quiere decir que el sistema sea ideal, es muy mejorable, y tiene muchisimos problemas entre ellos la lentitud de los concursos públicos o la falta de medios presupuestarios y de más personal propio. Pero de lo que si estoy seguro es de la enorme profesionalidad de la gran mayoría de los funcionarios que trabajan en las Administraciones Públicas en tecnología, con muchos problemas, poca valoración social y teniendo que luchar por un espacio propio.
Desconozco el caso concreto del concurso de modernización del Congreso y de la parte en concreto que nos atañe, el nuevo Web. Me ha parecido lento y es cierto lo que se ha comentado de que no cumple estándares, tiene un código muy liado y no hay versión para móviles. Pero no se si son errores fácilmente subsanables, si afectan al desarrollo o si todo ha sido una gran chapuza. Lo que si sé es que el precio publicado (200.000 €, no los 14 millones de euros que otros decían equivocándose) no me parece elevado. ¿O cuanto queremos que ganen los informáticos? Si un proyecto dura 6 meses y participan en él 6 personasl, si le quitas el 16% de IVA y un 15% de beneficio por parte de las empresas, cuanto queremos que ganen los que trabajan en él. Otra cosa es que se diga que todo ha sido una chapuza, puesto que lo desconozco, o que los que trabajaban en el proyecto eran becarios ni siqueira mileuristas, puesto que también lo desconozco. Pero si se que Indra es la mayor empresa informática española y que tiene proyectos de vanguardia en todo el mundo y que Telefónica es la mayor empresa de telecomunicaciones de Europa. Puede que este proyecto, en el caso concreto del web, haya sido un desastre, pero esto no quiere decir que todo sea un desastre, las empresas roben, los políticos sean todos unos corruptos y los funcionarios no tengan ni idea. Y lo que más me preocupa es que este discurso absolutamente destructivo es el que está instalado en la sociedad en muchos casos. Y en el caso concreto de las Administraciones Públicas no permite discutir sobre los temas con fineza, porque se juega al blanco o negro.
El discurso de que los funcionarios no tienen ni idea y es imposible trabajar con ellos, fue lo que impulsó a la creación de entidades públicas empresariales que no han resuelto el problema, porque no era ese. Los problemas son otros y hay que discutirlos con más profundidad y conocimiento. Pero lo fácil es criticarlo todo y decir frases absurdas como por ese precio les hago yo diez webs. Pues entonces adelante, culaquiera puede presentarse a un concurso público siempre que cumpla los requisitos que se piden.
Rafael, muy de acuerdo en la línea de lo que comentas, creo que se ha dado caña sin medida porque como dar caña “es gratis”, pues toma dos tazas. Más aun si el objeto de las críticas es una administración pública.
Un detalle. El Catálogo de Patrimonio está muy restringido a partir de este año, la Comisión Europea dictó una normativa por la cual el límite baja a 125.000 euros aproximadamente y 240.000 para los concursos similares de administraciones autonómicas.
Y a mi también me parece razonable 200.000 euros si todo el tema lo han hecho los de las empresas, es decir, si se ha subcontratado totalmente el proyecto. Otra cosa es que hagan falta 6 personas 6 meses (o las que sean) para que el resultado final sea bastante pobre, por lo que dicen…
La polémica se ha desvirtuado. De acuerdo con Rafael en el desconocimiento que existe en los procedimientos de la AAPP. Si hubiera más información las criticas no habrian sido por la contratacion si no por lo que verdaderamente es el fiasco “el contenido”.
Pudes tener la mejor empresa y el mejor desarrollador y sacar un mal web. ¿qué es lo que falla?
- primero ¿quién es el responsable del proyectos? tiene o no conocimientos
- segundo el responsable del proyecto tiene o no apoyo y tiene posibilidad de decidir o no sobre lo que hay que hacer.
- tercero se han establecido previamente las especificaciones y control de calidad o como siempre se encarga algo y lo que me den.
No es un problema del procedimeinto de contratacion (el conscurso al menso asegura laconcurrencia). No es un problema de que el funcionariado sea torpe hay de todo en la viña del señor). Es un problema cultural, el método y modo de trabajo de la Administración.
Es un organización jerarquica, politizada, descoordinada, “de islas y chiringuitos”, poco flexible, anquilosada, y mal dirigida.
Comparto contigo la opinión de que la administración compra a buen precio. Otra cosa es que compre veinte veces la misma cosa porque no llega a acuerdos intra o interadministrativos. Otra cosa es que se tarde 6 meses en realizar una contratación normalita. Pero en cuanto al precio, compramos barato.
Estoy de acuerdo en casi todo. Ahora bien, el respeto se gana y se trabaja día a día y ciertas actitudes que vemos a diario por parte de ciertos políticos no ayudan nada. Antes de montar una pataleta o crear un escándalo por cuestiones peregrinas que en nada interesan a la gente, deberían pensárselo dos veces. Y me da igual que estén en el gobierno o en la oposición porque el descrédito final es para toda la clase política y, por extensión, para el sistema y la administración.
Además hay un problema de imagen de la propia administración. Cada día son más los servicios ofertados al ciudadano, pero muy pocos los aprovecha. La información sobre las sesiones en los parlamentos o los consejos de ministros está disponible, pero pocos ciudadanos lo saben y menos aún se molestan en mirarla para contrastar si lo que les está contando el periódico o el telediario es cierto o no.
Y, dicho esto, la web del congreso es una auténtica chapuza. No cumple estándares, no es accesible y presenta graves problemas de seguridad. Me parece bien que haya saltado la liebre porque habría que tomar cartas en el asunto y depurar responsabilidades. La empresa debería recibir algún tipo de sanción y el responsable del proyecto tendría que recibir algún tipo de “toque”.
Detrás de los proyectos de la administración hay mucho esfuerzo y muchos profesionales excelentes, sí, pero también hay una minoría de funcionarios acomodados y despreocupados, que no saben de qué va el asunto y no tienen el menor interés de llegar a conocerlo. Día a día me encuentro casos en uno y otro sentido. Los segundos, por fortuna, son minoría, pero creo que están demasiado consentidos.
Se ha exagerado mucho sobre este tema, pero sí creo que es necesaria una buena dosis de autocrítica.