A raíz del criticado nuevo web del Congreso de los Diputados
he podido seguir en númerosos blogs y
medios de comunicación la polémica generada y he comprobado una vez más el enorme desconocimiento que existe sobre los procedimientos existentes en la Administración y las cosas que siempre se dan por supuestas: empresas que cobran precios abusivos, funcionarios que desconocen todo sobre tecnología, corrupción, etc.
Aunque no puedo hablar sobre la forma de trabajar en el Congreso, puesto que no forma parte de la Administración General del Estado, y su relación con el resto de la Administración, al menos administrativa es a través del Ministerio de Presidencia, si puedo intentar arrojar luz sobre como se contratan los bienes y servicios informáticos en la Administración.
En primer lugar aclarar que hay poco discrecionalidad. Sin concurso público sólo es posible contratar hasta 12.000 €, lo que se conoce como contrato menor, y es necesario por supuesto justificar que se va hacer, en que plazo y con quién. Y no es posible volver a contratar a la misma empresa con el mismo fin o fraccionar contratos, que sería lo que se conoce como fraccionamiento del gasto.
Si es posible en cambio contratar suministros, por ejemplo ordenadores, u horas de desarrollo en temas relacionados con la Administración Electrónica, a través del conocido popularmente como Catálogo de Suministros, gestionado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Este Ministerio cada cierto tiempo pública concursos de tipos donde se presentar ofertas que homologan bienes o servicios y posteriormente las Administraciones Públicas pueden recurrir a él para contratar bienes o servicios, hasta un límite, que creo recordar era de un millón de euros. A pesar de la facilidad de contratación es necesario por supuesto justificar exhaustivamente que se va a hacer y firmar una memoria conjunta por parte de la empresa adjudicataria y el responsable del proyecto por parte de la Administración. Además, en muchos ministerios se piden oferta a tres empresas distintas y se analizan detenidamente antes de su adjudicación. Además, obviamente debe pedirse el informe del interventor, abogado del estado y dependiendo del importe de los organos colegiados de la Administración, por ejemplo de las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica de los Ministerios. Es decir, un expediente antes de adjudicarse puede haber sido leído y releído en varios comités, mejorado y normalmente, en el caso de los expedientes de tecnología se suele contratar por un precio bastante favorable a la Administración.
En el caso de presupuestos muy altos, o de proveedor único se opta por otro tipo de formas de contratación como los negociados o los concursos, que suelen ser mucho más rigurosos y en el caso concreto de los concursos públicos suelen tardar unos cinco meses en adjudicarse. Aquí los controles son mucho más exhaustivos y se comprueba por parte de varios departamentos que la empresa adjudicataria es solvente, que la oferta es adecuada y que el precio es razonable.
No quiero extederme mucho más porque no quiero resultar tedioso pero de lo que sí estoy seguro es que la gran mayoría de las adjudicaciones realizadas por la Administración General del Estado en tecnologías son correctas, adecuadas y obtenidas a un precio razonable. Esto no quiere decir que el sistema sea ideal, es muy mejorable, y tiene muchisimos problemas entre ellos la lentitud de los concursos públicos o la falta de medios presupuestarios y de más personal propio. Pero de lo que si estoy seguro es de la enorme profesionalidad de la gran mayoría de los funcionarios que trabajan en las Administraciones Públicas en tecnología, con muchos problemas, poca valoración social y teniendo que luchar por un espacio propio.
Desconozco el caso concreto del concurso de modernización del Congreso y de la parte en concreto que nos atañe, el nuevo Web. Me ha parecido lento y es cierto lo que se ha comentado de que no cumple estándares, tiene un código muy liado y no hay versión para móviles. Pero no se si son errores fácilmente subsanables, si afectan al desarrollo o si todo ha sido una gran chapuza. Lo que si sé es que el precio publicado (200.000 €, no los 14 millones de euros que otros decían equivocándose) no me parece elevado. ¿O cuanto queremos que ganen los informáticos? Si un proyecto dura 6 meses y participan en él 6 personasl, si le quitas el 16% de IVA y un 15% de beneficio por parte de las empresas, cuanto queremos que ganen los que trabajan en él. Otra cosa es que se diga que todo ha sido una chapuza, puesto que lo desconozco, o que los que trabajaban en el proyecto eran becarios ni siqueira mileuristas, puesto que también lo desconozco. Pero si se que Indra es la mayor empresa informática española y que tiene proyectos de vanguardia en todo el mundo y que Telefónica es la mayor empresa de telecomunicaciones de Europa. Puede que este proyecto, en el caso concreto del web, haya sido un desastre, pero esto no quiere decir que todo sea un desastre, las empresas roben, los políticos sean todos unos corruptos y los funcionarios no tengan ni idea. Y lo que más me preocupa es que este discurso absolutamente destructivo es el que está instalado en la sociedad en muchos casos. Y en el caso concreto de las Administraciones Públicas no permite discutir sobre los temas con fineza, porque se juega al blanco o negro.
El discurso de que los funcionarios no tienen ni idea y es imposible trabajar con ellos, fue lo que impulsó a la creación de entidades públicas empresariales que no han resuelto el problema, porque no era ese. Los problemas son otros y hay que discutirlos con más profundidad y conocimiento. Pero lo fácil es criticarlo todo y decir frases absurdas como por ese precio les hago yo diez webs. Pues entonces adelante, culaquiera puede presentarse a un concurso público siempre que cumpla los requisitos que se piden.
